Nuestros ovarios, los ovarios del Partido Popular

Si ya nos habían recortado nuestros derechos sociales y económicos, ahora nuestro gobierno mete el tijeretazo a la libertad. A la libertad de decidir si es el momento de ser madre y padre. De este modo, el pasado viernes el Partido Popular aprobó en el Consejo de Ministros la nueva Ley de Protección de Vida del Concebido y los Derechos de la Embarazada que sustituye a la actual Ley de Salud sexual y Reproductiva e Interrupción Voluntaria del Embarazo vigente desde 2010 por el PSOE.

Esta nueva ley antepone los derechos del feto a los derechos de una vida presente, excepto en dos supuestos casos: la mujer podrá abortar cuando se haya quedado embarazada por violación en un margen de 12 semanas, y por otro lado, en el caso de que afecte a la salud física y psíquica de la madre en las primeras 22 semanas de gestación. Pero no todo queda ahí. Para poder interrumpir el embarazo habrá que presentar dos informes de diferentes especialistas de centros distintos en el que se llevará a cabo el aborto para que lo acrediten. Y por si no fuera poco, después de todo este trance, la mujer está obligada a reflexionar si quiere seguir adelante con el proceso.

Se trata de la norma más restrictiva sobre la ley del aborto que ha existido en España desde 1985, ya que tampoco se podrá interrumpir en el embarazo en el caso de anomalía fetal como estaba aprobado hasta el momento, a no ser que se demuestre también mediante dos informes médicos que demuestren que puede ser peligroso para la madre o “cuando haya riesgo de muerte del feto o del recién nacido durante el periodo neonatal”, según manifestó el ministro de Justicia, Alberto Ruíz Gallardón, en la rueda de prensa que ofreció el pasado viernes tras la aprobación de la normativa.

Después de las 22 semanas de gestación solo se podrá abortar cuando exista riesgo vital para la madre o psicológico por una anomalía fetal incompatible con la vida que no se hubiera detectado antes, pero en el caso de riesgo para la salud de la mujer se practicará un parto inducido, ya que se entiendo que a partir de este período el feto puede ser viable sin correr peligro.

El anteproyecto de Gallardón también ha tenido un hueco para acordarse de las menores. Así, las chicas entre 16 y 18 años deberán de contar con el consentimiento de los padres o tutores, ya que según justificó “la falta de madurez” no es la suficiente para tomar una decisión y en el caso de desacuerdo entre los familiares, será el juez el que decida.

Después de todo esto, médicos, políticos y jueces serán los que decidan sobre los derechos de una mujer que por infinitas circunstancias no pueden o quieren tener un hijo en este momento en el que solo les queda que ofrecerle un país en el que cada vez más se parece a una dictadura sin derechos, ni voz, ni voto de los ciudadanos.

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